El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial, de Ejecución y de Quiebras de Primera Nominación de Catamarca verificó deudas por más de seis mil millones de pesos en la causa por la quiebra de la financiera RT Inversiones, perteneciente al clan de la familia Nieva-Bulacio.
La sentencia fue firmada el 17 de abril por la jueza Claudia Villalba, quien ocupa el cargo en comisión tras la recepción de los voluminosos informes remitidos por los síndicos, quienes por la gran cantidad de demandantes debieron solicitar varias prórrogas para terminar los informes correspondientes a cada acreedor.
En este contexto, el Juzgado resolvió sobre la verificación, admisibilidad o inadmisibilidad de cada crédito, y la cifra total a cobrar incluyendo los intereses y gastos.
En total fueron admitidos 389 créditos, separados entre “verificados” y “admisibles”. La diferencia entre las dos variables es que los verificados no fueron impugnados mientras que los admisibles, si bien fueron impugnados, la jueza dispuso que corresponde que sean considerados.
Los “inadmisibles” son aquellos que no lograron acreditar la acreencia como es el caso de la Administración General de Rentas Catamarca y la Administración Federal de Ingresos Brutos y Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), además de siete acreedores particulares.
La cantidad de créditos admisibles es de aproximadamente 300 casos que representan cerca del 90% del dinero reclamado, mientras que el restante 10% corresponde a los créditos verificados.
El monto establecido es en pesos a pesar de que una parte importante de las inversiones fueron realizadas en dólares entre los años 2020 y 2022.
Al igual que en los casos en que los damnificados entregaron sumas en pesos, aún queda determinar a cuánto ascienden en cada caso los intereses que RT Inversiones prometió pagar como estrategia para lograr captar los fondos. Esos intereses fueron descomunales, ya que de acuerdo al monto, tipo de moneda y tiempo de inversión oscilaba entre el 12 y 100% incluyendo la promesa de devolución del total de capital una vez terminado el contrato de inversión que podría ser de seis meses o más.
La Sindicatura deberá llevar a cabo las actualizaciones y cálculos correspondientes.
Se prevé que la empresa en quiebra realice algún tipo de propuesta a los inversores mientras en forma paralela avanza la causa penal en la Justicia Federal.