El informe con los datos de la organización Cristosal se conoció un día después de que el Congreso aprobara la 28ª prórroga del régimen especial establecido por el mandatario.
Según el informe “El silencio no es opción”, Cristosal afirma que una amplia investigación de campo y el análisis de la información recolectada, permitió probar que “261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños han muertos bajo custodia estatal”, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024.
El informe que detalla que de las personas que murieron dentro de los centros de detención, 244 son hombres y 17 mujeres, se basa en las 3.642 denuncias que Cristosal ha recibido desde la vigencia del régimen de excepción por posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias, realizando un estudio a profundidad de 1.178 personas detenidas.
Además dice que tras un análisis médico-forense, “Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas.” No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes, dice el informe.
“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”, afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.
Navas aseguró que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las víctimas silenciosas”.
Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas”.
The Associated Press pidió un pronunciamiento a la Casa Presidencial y su respuesta fue que “no hay comentarios”.
Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha realizado investigaciones con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Fue fundada por obispos anglicanos en la posguerra civil de El Salvador e “inspirada en el enfoque de la iglesia en la justicia y los derechos humanos”. Tienen oficina en varios países de la región, en El Salvador la abrieron en 2001, y aseguran que su misión es “defender los derechos, humanos y promover la democracia y justicia en Centroamérica”.
El informe de Cristosal se conoce un día después de que el Congreso aprobara la 28ª prórroga del régimen de excepción, como parte de la estrategia de mano dura impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las temibles pandillas, arraigadas por años en colonias y barrios populares del país.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.