El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, le pidió al juez federal Daniel Rafecas que rechace el pedido de indagatoria impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, al sostener que la causa por presunto enriquecimiento ilícito se apoya en formularios de declaraciones juradas que luego atravesaron rectificaciones administrativas.
A través de una presentación espontánea, el hermano del ex jefe de Gabinete dijo que uno de los supuestos errores que cometió, y que habría arrastrado las inconsistencias señaladas, se basa en que puso un cero de más al declarar una deuda hipotecaria.
Según describió, en la primera Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) que presentó como funcionario público, en febrero de 2024, informó el 50% del inmueble de City Bell, la mitad de un automotor, una deuda hipotecaria de $13.000.000 y datos patrimoniales de su cónyuge.
Al año siguiente, en julio de 2025, la declaración anual consignó una deuda inicial de $130.000.000 y una deuda final de $60.000.000. En su defensa, argumentó que “el primer monto contiene un cero adicional respecto de los $13.000.000 cargados en la inicial”, lo que señaló como una equivocación material en la carga de datos.
En su descargo, aclaró que en la DJPI de baja que presentó el 21 de enero de 2026 repitió los valores anteriores y actualizó la deuda hipotecaria a $130.000.000 al inicio y $57.000.000 al cierre. Por eso, entre el 15 y el 20 de mayo de 2026 se realizaron las rectificaciones de ambos documentos.
De acuerdo con su relato, primero se corrigieron valuaciones, saldos, ingresos y gastos; además, se agregó dinero en efectivo y la suma obtenida por la venta de un bien hereditario.
En tanto, el 8 de junio de 2026, a raíz de un pedido de la Oficina Anticorrupción, se ampliaron los datos reservados, incluyendo cuentas bancarias y tarjetas del titular y de su grupo familiar.
Ante la consulta de Infobae, el doctor Marcelo Peña, abogado de Francisco Adorni, precisó que el juez Rafecas hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso aguardar a que se completen medidas de prueba pendientes antes de resolver si lo convoca a defenderse en indagatoria.