La decisión de la Cámara Federal de Casación que esta semana mudó a un juzgado federal de Campana la pesquisa que intenta probar si una casaquinta en Pilar valuada en 20 millones de dólares pertenece a dirigentes de la AFA no cerró la pelea por las investigaciones a la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.
El máximo tribunal penal federal del país determinó en esa sentencia que se investiga un posible lavado de activos mediante testaferros, un delito ajeno al fuero penal económico donde se llevaba el caso y que pertenece al ámbito federal. Por eso devolvió el expediente al juzgado federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Esta decisión va camino a ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal ante Casación, Mario Villar. Si su recurso extraordinario no prospera, quedaría la vía de la queja directa al máximo tribunal del país. El eje del planteo pasa por dónde debe investigarse el caso, si en los fueros penal económico o federal, y ante esta última opción, si en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo por primera vez.
Otra vez Comodoro Py
En las últimas horas, un juez penal económico de la Ciudad de Buenos Aires envió a Comodoro Py 2002 una nueva causa que tiene a los mismos protagonistas por presuntos delitos que involucran a casas de cambio y financieras porteñas. Reconoció que el lavado de activos es un delito federal -en sintonía con la decisión de Casación-, pero en este caso particular concluyó que le toca al fuero federal porteño y no al bonaerense de Campana.
Por eso remitió la nueva denuncia contra Toviggino y Tapia a la Cámara Federal de CABApara que se sortee un juzgado. La resolución fue del juez en lo penal económico Diego Amarante, el mismo que ya procesó, embargó y prohibió salir del país a al titular de la AFA y el tesorero por evasión de impuestos, a raíz de no haber depositado a tiempo 19.000 millones de pesos en retenciones, pese a contar con los fondos para cumplir con ese compromiso.
Sin embargo el juez advirtió que la maniobra “habría sido llevada a cabo en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Al momento de resolver sobre la casaquinta de Pilar, Casación no tenía elevada esta nueva denuncia y “por consiguiente, no integró” su resolución.
Tampoco se sabe, resaltó Amarante, qué ocurrió primero: si el supuesto lavado transnacional de divisas o la compra de la propiedad en Pilar por parte de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y Ana Conte, los supuestos testaferros imputados en esa pesquisa, en la actualidad a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.